Regulación sistema de videocámaras y otros mecanismos de captación de imágenes en lugares públicos

PROYECTO DE LEY

El Senado y la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires sancionan con fuerza de

LEY

SISTEMAS DE VIDEOCÁMARAS Y OTROS MECANISMOS DE CAPTACIÓN Y GRABACIÓN DE IMÁGENES EN LUGARES PÚBLICOS. REGULACIÓN.

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I

DEL OBJETO Y ALCANCE

Artículo 1º.- La presente ley regula la instalación y utilización de videocámaras y otros mecanismos para captar y grabar imágenes en la vía pública, lugares públicos o de acceso público abiertos o cerrados y su posterior tratamiento en el territorio de la Provincia de Buenos Aires. Las referencias de esta ley a videocámaras, se entenderán hechas a cualquier medio técnico análogo y, en general, a cualquier sistema que permita las grabaciones de imágenes previstas en esta ley.

Artículo 2º.-La utilización de los medios técnicos regulados por la presente deberá encuadrarse indefectiblemente en los siguientes principios:

a) proporcionalidad y razonabilidad, reconociéndose como límite infranqueable el respeto ineludible a los derechos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos consagrados en nuestra Constitución Nacional y Provincial, debiendo ponderarse para ello en cada caso particular, la relación existente entre la finalidad perseguida y la posible afectación de los derechos personalísimos, en especial a la imagen y a la intimidad;

b) procedencia, que implica que sólo podrán emplearse los sistemas de captación cuando su uso resulte adecuado, en una situación concreta, para asegurar la convivencia ciudadana, la utilización pacífica de las vías y espacios públicos, la elaboración de políticas públicas de planificación urbana y, la prevención de delitos, faltas e infracciones relacionadas con la seguridad ciudadana e,

c) intervención mínima, que exige la ponderación en cada caso, entre la finalidad pretendida y la posible afectación de los derechos de las personas por la utilización de los sistemas de captación.

Artículo 3º.- El tratamiento sobre imágenes comprende la captación, grabación, transmisión, conservación y almacenamiento de imágenes, incluida la emisión, reproducción y tratamiento de los datos personales relacionados con aquellas. No se considerarán intromisiones ilegítimas en el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen siempre y cuando se actúe de acuerdo a las disposiciones específicas contenidas en la presente Ley, el tratamiento automatizado de las imágenes se regirá por lo dispuesto en la Ley 25.326 de Datos Personales.

TÍTULO II

DE LA DISPOSICIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS DATOS

CAPÍTULO I

PRINCIPIOS PARA LA DISPOSICIÓN DE VIDEOCÁMARAS

Artículo 4º.- Será procedente la instalación de videocámaras para los fines previstos en la presente ley, en la medida en que resulten de utilidad concreta a fin de proporcionar información necesaria para adoptar eventuales medidas de gobierno relacionadas con la seguridad ciudadana. En espacios públicos, podrán ser colocadas exclusivamente por el Poder Ejecutivo y/o los municipios, en virtud de sus competencias exclusivas y concurrentes.

Artículo 5º.- Dispónese que las imágenes obtenidas tienen carácter absolutamente confidenciales y que las mismas sólo podrán ser requeridas por Magistrados o Fiscales de la Justicia y/o por la autoridad pública que se encuentren avocados a la investigación o al juzgamiento de causas penales o contravencionales.

Artículo 6º.- Los responsables de operación de videocámaras, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo anterior deberán proceder de la siguiente manera: 

a) Cuando las grabaciones capten hechos que pudieran ser constitutivos de ilícitos penales, se pondrán a disposición de la autoridad judicial en el plazo máximo de veinticuatro (24) horas desde su captación. 

b) Cuando las grabaciones capten hechos que pudieran ser constitutivos de infracciones administrativas relacionadas con la seguridad ciudadana, se remitirán al órgano competente para el inicio del oportuno procedimiento administrativo correspondiente. 

CAPITULO II

LÍMITES A LA UTILIZACIÓN DE VIDEOCÁMARAS

Artículo 7º.- Las videocámaras sólo podrán emplearse para el mantenimiento y preservación de la seguridad ciudadana y demás fines previstos en esta ley. En cada caso, deberá mediar razonable proporción entre la finalidad pretendida y la posible afectación al honor, a la imagen y a la intimidad de las personas por su utilización.

Artículo 8.- No se podrán utilizar videocámaras para tomar imágenes del interior de propiedades privadas, salvo por autorización judicial expresa o con la previa conformidad de sus titulares o poseedores legales;

Las videocámaras instaladas en la vía pública no podrán captar sonidos, salvo que medie autorización judicial expresa.

En el supuesto que en forma accidental se obtuviesen imágenes cuya captación resulte violatoria de la presente ley, las mismas deberán ser destruidas inmediatamente por quien tenga la responsabilidad de su custodia.

CAPÍTULO III

DE LA CONSERVACIÓN Y DESTRUCCIÓN

Artículo 9.- Establécese que las imágenes que se obtengan, conforme las previsiones de esta ley, deberán ser conservadas por un plazo mínimo de ciento ochenta (180) días que se computará a partir de la fecha de su captación, vencido el cual deberán ser destruidas.

El plazo se entiende interrumpido cuando con anterioridad a su vencimiento contado a partir de su captación, existiera un requerimiento en los términos del Artículo 7° de la presente.

Artículo 10.- Las grabaciones deberán ser destruidas en el plazo máximo de tres (3) meses una vez vencido el plazo fijado por el Artículo 11 de la presente o ante requerimiento judicial fundado, sólo por la autoridad que tenga encomendada su custodia material, salvo que estén relacionadas con delitos o contravenciones con investigación o procesos en curso hasta la resolución de los mismos. Los períodos de feria judicial son considerados como días inhábiles.

La destrucción podrá hacerse efectiva por cualquier modalidad que permita el borrado o inutilización de las grabaciones, o de las imágenes concretas que deban ser canceladas.

TÍTULO III

DE LA AUTORIDAD DE APLICACIÓN

Artículo 11.- El Poder Ejecutivo determina, de acuerdo a las competencias establecidas por la Ley de Ministerios, el Ministerio o Secretaría que se desempeñará como autoridad de aplicación, la que a través de la Policía de la Provincia tendrá a cargo todas las etapas previstas en la presente, incluyendo la custodia de las imágenes obtenidas y la responsabilidad sobre su ulterior destino, incluida su inutilización o destrucción. Los funcionarios que ejerzan las funciones previstas en la presente ley deben ser designados considerando expresamente sus antecedentes personales. El funcionario responsable del área debe ser una persona que no cuente o haya contado con estado policial o militar.

Artículo 12.- Registro de Sistemas de Captación. Inscripción. Todo sistema de captación, sea instalado por el sector público o por particulares, en espacios públicos o privados con acceso público, debe inscribirse en el Registro que al efecto habilite la Autoridad de Aplicación, en el que conste su finalidad, cantidad, ubicación, características técnicas y tecnológicas, estado operativo, personal a cargo y responsables de su funcionamiento, uso y control, como toda otra información que la reglamentación considere pertinente.

Artículo 13.- Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial y/o Municipal a determinar la ubicación en la que se instalarán las cámaras y/o videocámaras en la vía pública, lugares públicos o de acceso público.

TÍTULO IV

GARANTÍAS Y LÍMITES

CAPÍTULO I

GARANTÍAS

Artículo 14.- La existencia de videocámaras debe informarse mediante un cartel indicativo de manera clara y permanente, sin especificar su emplazamiento, excepto orden y/o autorización judicial en contrario debidamente fundada.

Artículo 15.- Derecho de Acceso y Cancelación. Cualquier interesado que razonablemente considere que ha sido objeto de grabación, puede ejercer los derechos de acceso y cancelación o destrucción. El ejercicio de estos derechos puede ser denegado, por resolución judicial.

Artículo 16.- El sistema de videocámaras establecido para captar y grabar imágenes en la vía pública, lugares públicos o de acceso público abiertos o cerrados con el objeto de contribuir a la seguridad ciudadana debe contemplar mecanismos y/o procesos de auditorias internas que permitan:

a) captar y grabar imágenes de la labor desarrollada por los operadores responsables de la utilización del sistema;

b) constatar la destrucción o inutilización de las grabaciones;

c) registrar fecha y datos personales de los operadores responsables que utilicen el sistema de videocámaras;

d) obtener informes y cualquier otro dato de interés que determine la reglamentación.

Artículo 17.- La Auditoría interna estará a cargo de personal policial de mayor jerarquía al que ostenten los operadores responsables. La Auditoría externa será llevada a cabo por una Comisión que estará integradas por:

a) un (1) miembro del Poder Judicial

b) un (1) miembro del Poder Legislativo; y

c) un (1) miembro del Poder Ejecutivo.

La Auditoría tiene las siguientes facultades:

a) emitir informes sobre las solicitudes de instalaciones fijas de sistemas de captación;

b) ser informada de las resoluciones de autorización de sistemas de captación móviles y de la utilización que se haga de ellas;

c) recabar en cualquier momento el soporte físico de las grabaciones efectuadas por videocámaras móviles y emitir un informe al respecto;

d) solicitar la destrucción de las grabaciones cuando consideren que se han cumplido las prescripciones legales de su procedencia;

e) requerir de las autoridades responsables la información necesaria para el ejercicio de sus funciones y,

f) formular cuantas recomendaciones estime oportunas en el ámbito de sus competencias.

CAPÍTULO II

LÍMITES EN LA UTILIZACIÓN DE LAS GRABACIONES.

CONFIDENCIALIDAD.

Artículo 18.-  El acceso a toda información obtenida como consecuencia de las grabaciones será restrictivo a aquellos funcionarios que el Poder Ejecutivo determine para su operación técnica. Se prohíbe la cesión o copia de las imágenes salvo en los supuestos previstos en la presente ley.

Las personas que sean responsables de los sistemas de seguridad basados en la filmación o grabación, son garantes de la confidencialidad de los datos e imágenes obtenidas, siendo civil y penalmente responsables por los daños producidos por la difusión de las mismas, por otras vías que no sean las determinadas por la presente norma.

Cualquier persona que, en razón del ejercicio de sus funciones o de un modo accidental, tenga acceso a las imágenes y datos que regula la presente ley, deberá observar absoluta reserva, confidencialidad y sigilo en relación con las mismas, siéndole de aplicación, en caso contrario, lo dispuesto en la legislación penal.

Artículo 19.- En caso de incumplimiento de los deberes y obligaciones impuestos en esta ley, por parte de los operadores de videocámaras u otros equipos análogos, o de quienes tengan acceso a la información producida por éstos, será considerada falta grave, correspondiendo a los infractores las sanciones previstas en el estatuto o régimen disciplinario que les resulte aplicable, sin perjuicio de la responsabilidad penal que pueda corresponderles.

CAPÍTULO III

INSTALACIONES QUE REQUIERAN LA AFECTACIÓN DE PROPIEDADES PRIVADAS.

Artículo 20.- Instalaciones que requieran la afectación de propiedades privadas. Todo propietario o poseedor por cualquier título de los bienes que pudieran verse afectados por las instalaciones reguladas en la presente ley, está obligado a facilitar y permitir su colocación y mantenimiento, sin perjuicio de la necesidad de obtener, de parte de la autoridad de aplicación, en su caso, la autorización judicial correspondiente, y de las indemnizaciones que procedan según las leyes vigentes.

TÍTULO V

DE LAS VIDEOCÁMARAS INSTALADAS EN ESPACIOS PRIVADOS DE ACCESO PÚBLICO

CAPÍTULO I

REGISTRO DE VIDEOCÁMARAS EN ESPACIOS PRIVADOS DE ACCESO PÚBLICO

Artículo 20.- Toda persona física o jurídica de derecho público o privado que instale cámaras de seguridad en inmuebles de acceso público del dominio privado de su propiedad, posesión o tenencia legal, deberá informar de tal circunstancia a la autoridad de aplicación, remitiéndole un informe escrito con los contenidos mínimos establecidos en el Artículo 8 de la presente e inscribirse en el registro creado al efecto por la autoridad de aplicación.

Artículo 21.- Toda persona física o jurídica de derecho público o privado que instale cámaras de seguridad por aplicación del Artículo 20 de la presente, está obligada a guardar las imágenes que las mismas registren por el término mínimo de treinta (30) días, las que podrán ser requeridas por autoridad judicial en caso de existir una investigación de un hecho ilícito en curso que pueda ser esclarecido por las mismas.

Artículo 22.-La disposición y utilización de videocámaras por parte de personas físicas o jurídicas de derecho público o privado en inmuebles sin acceso público de los que, respectivamente, sean titulares, poseedores o tenedores legales deberán cumplimentar las condiciones y restricciones previstas en la presente y limitarse exclusivamente al perímetro de los mismos. La Autoridad de Aplicación debe establecer, por vía reglamentaria, las particularidades que deben observar estos sistemas.

TÍTULO VI

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Artículo 23.- Autorízase al Poder Ejecutivo a efectuar las adecuaciones presupuestarias que permitan el cumplimiento de los propósitos de la presente ley.

Artículo 24.- La presente ley entrará en vigencia a los diez (10) días de su promulgación. El Poder Ejecutivo, en un plazo de dos (2) meses desde la entrada en vigencia de la presente, aprobará las disposiciones reglamentarias necesarias para su ejecución y desarrollo.

Artículo 25.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

FUNDAMENTOS

            La evolución de la tecnología ha permitido la utilización de sistemas de cámaras y videocámaras en un sinnúmero de lugares; existen sistemas de captación de imagen emplazados en autopistas para detectar la eventual infracción de normas de tránsito, en los estadios de fútbol a fin de controlar la conducta del público, en mesas de entradas de juzgados, en las entidades bancarias y financieras prácticamente en todos sus recintos, en infinita cantidad de establecimientos comerciales y/o industriales a fin de supervisar el comportamiento de consumidores y usuarios e incluso de sus propios dependientes y en numerosas puertas de entradas y paliers de casas de departamentos y viviendas residenciales, etc.

            En relación con la instalación de sistemas de videocámaras, será necesario ponderar los bienes jurídicos protegidos. Por tanto, toda instalación deberá respetar el principio de proporcionalidad, lo que en definitiva supone, siempre que resulte posible, adoptar otros medios menos intrusivos a la intimidad de las personas, con el fin de prevenir interferencias injustificadas en los derechos y libertades fundamentales. En consecuencia, el uso de cámaras no debe suponer el medio inicial para llevar a cabo funciones de vigilancia por lo que, desde un punto de vista objetivo, la utilización de estos sistemas debe ser proporcional al fin perseguido, que en todo caso deberá ser legítimo.

            El marco en que se mueve la presente ley es claro; la seguridad y la vigilancia, elementos presentes en la sociedad actual, no son compatibles con el derecho fundamental a la protección de la imagen como dato personal, lo que en consecuencia exige respetar la normativa existente en materia de protección de datos, para de esta manera mantener la seguridad jurídica en el sistema democrático.

            La tutela jurídica de la imagen surge de los derechos implícitos que consagra el art. 33 de nuestra Carta Magna y de las normas supranacionales que ha incorporado aquella a partir de la reforma de 1994, conforme al art. 75 inc. 22. Fue la Ley 11.723 de Propiedad Intelectual, que recoge el derecho de preservar aspectos de la vida personal que no se desea revelar en su art. 31.

            Este proyecto establece un marco de referencia del que se desprenden las condiciones de captación y uso de imágenes, su tiempo de conservación, la responsabilidad de todos los sujetos intervinientes en todo el proceso, la autoridad de aplicación, el registro y la auditoría interna; fija los principios fundamentales y las garantías de los individuos.

Corresponde al Estado provincial, en el ejercicio de la competencia que le atribuye la Constitución en materia de protección de derechos fundamentales y en seguridad pública, la aprobación de la presente Ley, por todo lo expuesto solicito a mis pares que acompañen con su voto la presente iniciativa.-